Trabajo Carcelario en Chile / La industria carcelaria como alternativa de solución a la crisis penitenciaria

En el año 2003 existían en el sistema de reclusión chileno 36.331 personas privadas de libertad, según Gendarmería de Chile, y el déficit en infraestructura alcanzaba más del 60%, según la Fundación Paz Ciudadana. Es decir, “mientras era capaz de albergar a 23 mil reclusos, la población recluida era levemente inferior a 38 mil” (Libertad y Desarrollo, 2004: 2). Considerando esto, y que los niveles de reincidencia son cercanos al 60%, podríamos decir que la situación carcelaria es crítica a todo nivel.
“La política carcelaria es uno de los pilares fundamentales de un sistema de justicia penal en forma” (Libertad y Desarrollo, 2004: 1) entonces se hace prioritario plantear que la Reforma Procesal Penal hecha por el Gobierno, incluya y contenga con mayor claridad el tema referido a la reclusión de los individuos y su posterior, y permanente rehabilitación. Por esto, “resulta sumamente relevante el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, el que a partir del año 2003 ha impulsado la construcción de 10 nuevas cárceles por parte de privados, lo que aumentará la capacidad del sistema en 16.000 plazas. El modelo de concesiones contempla que Gendarmería debe mantener las funciones de vigilancia y administración de los establecimientos penitenciarios y además, fiscalizar al concesionario en el cumplimiento de los estándares establecidos en las bases de licitación. Por su parte el concesionario debe diseñar, construir, equipar y mantener el recinto, así como velar por la provisión de servicios básicos y programas de rehabilitación y reinserción para los internos” (Williamson, 2004: 10).
Sin embargo, éste proyecto, que busca la inclusión de agentes externos privados en el desarrollo de nuevas cárceles, se vio algo mermado cuando en noviembre del año pasado se informaba “el retraso en 7 meses que sufrirán el primer grupo de cárceles concesionadas” (Libertad y Desarrollo, 2004: 1).
Al problema de la infraestructura y por ende, el hacinamiento, se suman otras deficiencias como la baja cobertura de los proyectos de trabajo y rehabilitación, falta de recursos humanos y capacitación del personal, que generan problemas para cumplir los dos fundamentos esenciales de la cárcel. “En la actualidad existe un déficit de alrededor del 50%, lo que implica condiciones de vida deficientes para los internos y niveles de seguridad insuficientes” (Williamson, 2004: 10).
Ese deficiencias inciden en el nulo efecto que tiene la estadía en la cárcel en generar rehabilitación y en disminuir la reincidencia de los reclusos, si consideramos que un 39,4% es población primeriza y 60, 6% restante, es población reincidente. Es decir, más de la mitad de la población penal circula permanentemente por los diversos penales nacionales, sin ningún atisbo de rehabilitación, en una lógica viciosa que no tienen punto de término. A esto se suma el costo diario que implica, para el Estado, el mantenimiento de la población penal que asciende a los $6.832 pesos a mediados del 2003.
Esta situación radica no sólo en que la cárcel no cuenta con segmentaciones y clasificaciones adecuadas entre los reclusos, que evite el contacto entre primerizos y reincidentes, sino que algo más grave aún, el medio libre no tienen mecanismos adecuados, ni es capaz de acoger y reinsertar a los individuos que han cumplido sus condenas. La rehabilitación entonces se convierte en letra muerta.

*Extracto del ensayo "Trabajo Carcelario en Chile / La industria carcelaria como alternativa de solución a la crisis penitenciaria".